Paquete de medidas “Escudo Social”: Plan de choque para proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19
SECRETARY OF STATE FOR 2030 AGENDA. MINISTRY OF SOCIAL RIGHTS AND 2030 AGENDA
(
Government
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La crisis de la COVID-19 ha generado importantes efectos en España, incluyendo un impacto económico y social de gran magnitud. El descenso de los datos económicos ha llevado consigo consecuencias sociales, especialmente sobre la población en mayor situación de vulnerabilidad que, ya antes de la pandemia, vivía situaciones de gran dificultad. A este respecto, era necesario abordar desde un enfoque multidimensional las posibles consecuencias que la pandemia y las medidas sanitarias pueden traer sobre cuestiones como la vivienda, el empleo o la violencia de género; y así adoptar las medidas necesarias para evitarlas y mitigarlas.
En el ámbito del empleo, una de las medidas de mayor impacto han sido los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), con el fin de evitar despidos y cierres de empresas. El sector público ha asumido la mayor parte de los salarios de los trabajadores/as mediante prestaciones y ha exonerado a las empresas de las cotizaciones. También se ha implementado el Plan MECUIDA, que permite a las personas reducir su jornada por labores de cuidado sin que puedan ser despedidas o sancionadas. Sobre el derecho a la vivienda, se han suspendido los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, se han prorrogado los contratos de alquiler durante 6 meses y se ha aplicado una moratoria hipotecaria y reestructuraciones o quitas parciales de deuda en arrendamientos de grandes propietarios. Se han prohibido los cortes de suministros (luz, agua, gas) y se ha realizado una suspensión en la obligación del pago de créditos (préstamos de estudio, de bienes al consumo, etc.). También se ha habilitado un Fondo Social Extraordinario para reforzar la asistencia a personas dependientes y un Fondo para garantizar la alimentación de niños/as de familias en situación de vulnerabilidad. Contra la violencia de género se ha realizado un Plan de Contingencia que declara como esenciales los servicios de atención a las víctimas garantizando su funcionamiento durante el confinamiento y habilita servicios de mensajería 24 horas con alertas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y servicios de apoyo emocional inmediato. Además, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho social basado en una prestación mínima para personas con bajo nivel de ingresos. Su importe es mínimo de 462 euros al mes y aumenta si se trata de hogares con hijos/as, monoparentales,
Número de beneficiarios de ERTE: 4,1 millones de personas y 550.000 empresas. Además, durante la pandemia se llegó a cubrir 3,6 millones de personas simultáneamente. Importe del Fondo Social Extraordinario: 300 millones de euros. Importe del Fondo de alimentación de niños/as vulnerables: 25 millones de euros. Número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: 160.000 hogares.
Como habilitantes destaca la coordinación en los mecanismos ya existentes y en diálogos bilaterales con las comunidades autónomas, entidades locales, etc. Destaca el nuevo sistema de gobernanza de la Agenda 2030, que facilita el diálogo entre los actores –administraciones, sector privado, sociedad civil, etc.-. Como retos y limitaciones destaca el desarrollo de estas acciones contando el respeto a las medidas para evitar los contagios (confinamiento, restricción de movilidad, trabajo no presencial), así como otros retos derivados (brecha digital, por ejemplo) que se han afrontado
Aunque el Escudo Social se trata de una medida orientada a la crisis actual, tiene importantes enseñanzas sobre su sostenibilidad y su replicabilidad. En primer lugar, se trata de un conjunto de políticas que muchas de ellas deben mantenerse mientras duren las consecuencias de la pandemia, y además algunas de las implementadas en ese tiempo, como el Ingreso Mínimo Vital, tienen vocación de permanencia y se han estabilizado como un nuevo derecho social de nuestro país. En segundo lugar, dicho paquete de medidas supone un modelo aplicable en situaciones y fenómenos de enorme magnitud como la actual, extrayendo importantes lecciones acerca de cómo responder a crisis que necesitan de medidas drásticas para su control (como el confinamiento o el cierre de actividad) y atajar las posibles consecuencias inmediatas de estas. Es por tanto un modelo sin precedentes que puede ser analizado para adaptar y preparar mejor nuestros sistemas sociales ante posibles situaciones.
El Escudo Social tiene como objetivo fundamental paliar las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social; por lo que su impacto en la situación derivada de la COVID-19 es de enorme magnitud. Las medidas protegen a la población del impacto social y económico y, junto a ello, establecen las bases para permitir una recuperación más rápida, resiliente e inclusiva. La protección actual permite que la posterior recuperación no deje a nadie atrás y la población empiece en una mejor posición de partida. Además, España ya ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está elaborando la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, de tal manera que la protección a corto plazo y la recuperación a medio y largo plazo están estrechamente vinculadas.
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Trabajadores/as y empresas afectadas por la crisis sanitaria y las medidas necesarias para evitar los contagios, personas con carga de trabajo de cuidados que pudo verse agravada durante la crisis y las medidas de control de la movilidad. Población en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social, con especial atención a niños, niñas y adolescentes. Víctimas de violencia de género.
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