Intervención de la delegación de Bolivia en la reunión Intergubernamental
Preparatoria para la 17 sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible. New
York, 26 de febrero 2009.
Sra presidenta:
La delegación de Bolivia se adhiere a la declaración formulada por Sudan a nombre del G77 y
China
Sra presidenta:
En el interés de compartir algunos logros del gobierno de Bolivia sobre políticas respecto a los
principales grupos y temas relacionados con los tópicos tratados estos días, quisiéramos
presentar dos políticas centrales abordadas en la Nueva constitución política del estado
boliviano, que forman parte de la nueva visión de nuestro país sobre el desarrollo, que son: El
tema de la participación indígena en la problemática del desarrollo sostenible y la problemática
del agua.
Sobre el tema del agua:
Los gobiernos neoliberales anteriores promovieron medidas que alentaron formas de
privatización y mercantilización de los recursos hídricos, como es el caso la privatización y
mercantilización de los servicios de agua en Cochabamba y El Alto, facilitadas por una ley de
aguas cuyos principios otorgaba a las empresas transnacionales todos los derechos de
explotación del agua. Las medidas derivadas de esta Ley, tomadas siempre de forma vertical,
provocaron incrementos dramáticos en las tarifas de agua y el desconocimiento del derecho
consuetudinario de las organizaciones campesinas e indígenas en su gestión. La filosofía de
aquellas medidas fue crear un mercado de aguas, contraproducente en un país donde los niveles
de pobreza están entre los mas altos de América latina y donde la economía agraria es
básicamente de subsistencia. El resultado fueron enormes movilizaciones campesinas que
desconocieron la Ley y expulsaron las empresas.
Esta experiencia nos deja las siguientes lecciones.
Primero, en un país con índices de pobreza tan altos como los de Bolivia las políticas de
privatización y mercantilización del agua resultan insostenibles, el agua en este tipo de pasases
debe ser declarado un derecho humano básico garantizado por el Estado.
Segundo: En países con mayoritaria población indígena como la nuestra no es posible imponer
modelos modernos de distribución y gestión del agua desconociendo los usos, costumbres y
derecho consuetudinarios de los pueblos, por el contrario, éstos deben ser integrados las políticas
estatales de gestión, distribución y explotación de agua.
Tercero: finalmente, las políticas respecto al agua deben responder a un proceso participativo
en el que se reconozca a los principales actores: comunidades locales, indígenas y mujeres. En
nuestro caso ley de autonomía indígena originaria y campesina, pensamos, un nuevo
instrumento creado por la nueva constitución, pensamos que es un buen instrumento en la que
facilitación de toma de decisiones, la elaboración de prioridades locales y la gestión de recursos
por los propios pueblos indígenas
Muchas gracias
